La historia escalofriante de Paola Tacacho no termina con su femicidio: no sería este un punto de inflexión porque el sistema estatal que creó aquel monstruo sigue siendo, en esencia, el mismo. No ha cambiado en su fundamento último de opacidad y de ausencia de rendición de cuentas. Como ocurre desde hace décadas, las autoridades apelan a ocultar hasta que el olvido “borre” el reclamo y, si eso no funciona, a que “el hilo se corte por el lado más delgado”. Este modus operandi ha sido tan transitado en “Trucumán” que ya no sorprende. Lo que sorprende es el apego a una receta fallida, que termina por acrecentar las prácticas espurias que desencadenaron las muertes evitables del caso “Tacacho”. El femicida-suicida Mauricio Parada Parejas tomó el puñal y mató porque las circunstancias de oscuridad institucional imperantes se lo permitieron. Esas condiciones permanecen vigentes, ergo, el “asesino” sigue suelto y volverá a actuar en cualquier momento.
La percepción de que continuará habiendo crímenes como los de la profesora salteña se sostiene en que, pese al semestre transcurrido y a la exposición de fallas groseras en siete de las 13 causas penales promovidas por aquella, no ha habido un mea culpa, sino silencio. Las disfuncionalidades, mientras tanto, se expanden. Son reproches actuales inherentes al desempeño del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Legislatura.
A la luz de lo divulgado, la comisaría Iº de esta capital debería ser objeto de una revisión exhaustiva. Esta dependencia del Ministerio de Seguridad recibió más de 15 denuncias penales de Tacacho entre 2016 y 2020, aunque su amigo y testigo clave, Marcelo Rodríguez, contó que en varias ocasiones no quisieron tomarle la declaración. Al menos cuatro de esas actas llevan la firma de los oficiales Lucas Lucca y Hugo Matías Cabeza Ruiz. ¿A estos no les parecía familiar el rostro de la víctima? ¿No tienen allí una computadora que informe la coincidencia de DNI de los denunciantes? ¿Tantas presentaciones ingresan que nadie es capaz de identificar la repetición de un suceso de violencia? Lo impactante es la vocación de la Policía por transferir “el problema” a la Justicia cuando aún podía cumplir su función de prevención del delito. En el caso Nº3, los policías iniciaron una averiguación respecto de Parada Parejas y la cerraron a las 24 horas con un informe de resultados negativos sin detallar sus acciones. ¿Averiguaron que convenía hacer de cuenta que nada pasaba?
El drama de Tacacho acredita que las medidas de restricción de acercamiento son más vulnerables que la Triple Frontera. Los fiscales piden, los jueces otorgan y la Policía comunica perimetrales líricas porque nadie puede controlar todo el tiempo el cumplimiento del alejamiento, como probó a gran escala la cuarentena obligatoria. La Justicia había ordenado dos veces a Parada Parejas que dejara en paz a Tacacho. La ingenuidad de la burocracia resulta elocuente y desquiciante: ¿por qué tantas transgresiones no generaron ya un registro público de medidas de protección? ¿Por qué la restricción de acercamiento no va de la mano de un programa de rehabilitación y monitoreo obligatorio si la reincidencia es altísima? ¿Por qué se somete a las víctimas al pánico de qué sucederá cuando la medida caduque? ¿Por qué escasean las tobilleras o pulseras electrónicas cuando venden llaveros con rastreador satelital a $ 500?
El laberinto emergente de los pedidos de auxilio de la docente refleja que el Ministerio Público Fiscal, más que esclarecer las imputaciones, orquestó un enredo. Asustan tanto las descripciones de la persecución de Tacacho como la tramitación maquinal e irreflexiva de esas denuncias, y el hecho contrario a la sensatez de que las archivaban sin avisar a la interesada principal. En el caso Nº6, el ex fiscal y hoy jefe de los defensores oficiales Washington Navarro Dávila llegó a detener a Parada Parejas, pero la joven no se enteró. Increíblemente, el imputado intimidó a Tacacho 18 días después de recuperar la libertad, mas eso no llamó la atención del propio organismo que hasta había trabado un embargo en una camioneta 4x4 para el supuesto de que aquel volviese a delinquir.
En el caso Nº6 incluso consta que Parada Parejas exhibía un trastorno esquizoide de la personalidad y el consejo profesional de internación, y que la integridad de Tacacho ya corría un riesgo alto en 2018. Aún así, el 10 de octubre de 2019 el auxiliar de fiscal Fernando Isa archivó las actuaciones “por falta de espacio físico” en el ámbito de una política de reducción del volumen de causas para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en vigor desde el 1 de septiembre. Este epílogo revela las consecuencias deletéreas de la decisión deliberada de bloquear la publicidad. El Ministerio Público Fiscal, conducido con un mando remoto desde hace un año por Edmundo Jiménez, se empeñó en encerrarse en las sombras con el aval explícito de la Legislatura, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. De allí provienen la discrecionalidad inconmensurable que gestaron la figura del auxiliar y el secretismo impuesto a la montaña de causas del antiguo Código, rasgo que llevó al legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse a advertir sobre “un agujero negro de impunidad”.
La adicción de los altos funcionarios públicos por los nombramientos dedocráticos secretos no es patrimonio exclusivo de Jiménez. Ronald Parada Parejas se ofreció como fiador de su hermano con un recibo de sueldo de la Legislatura, pero, consultado por este diario, el administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán se negó a explicar públicamente para quién trabajaba y qué tareas cumplía. Las cabezas del Poder Legislativo tampoco hicieron nada respecto de esa declinación: no importa que la institución haya sido implicada en un femicidio lacerante. Es la misma reacción del Ministerio Público Fiscal, que informó que no entregará las copias de las 13 causas de Tacacho que le solicitó dos veces la Corte, y que habría abierto un sumario para Isa y otro “en general”, pero ni siquiera dio acceso a los procedimientos a la madre de la víctima. Tales condiciones paupérrimas de transparencia tornan improbable que algo cambie y muy probable que el vía crucis de Tacacho no detenga el incremento ostensible de la violencia institucional.